Mientras la economía sigue registrando problemas para retomar un mayor ritmo de crecimiento, lo que continúa presionando a la actividad económica es la dinámica de los precios. En la primera quincena de marzo la variación quincenal fue la más alta para ese mes desde 2017. A su vez, la inflación general anual fue de 4.63%; su componente subyacente aumentó 4.46% anual y el no subyacente lo hizo en 5.18%, porcentajes todos ellos lejanos al objetivo de 3.0% anual.
Como se ha venido observando, dentro del índice subyacente, los correspondientes a educación (colegiaturas) y alimentos, bebidas y tabaco son los más altos; prácticamente su crecimiento anual es de 6 por ciento. Por su parte, dentro del índice no subyacente, los precios de mayor variación son los agropecuarios (frutas y verduras) y las tarifas autorizadas por el gobierno, como las del transporte público.
Tanto educación, que constitucionalmente es obligatoria y gratuita, así como la alimentación (derecho humano constitucional), registran un crecimiento sostenido de precios por arriba del objetivo del banco central, lo que a lo largo de los meses va mermando el poder de compra de la población, especialmente la de menores recursos. Esta situación actúa en contra de la mejoría real del ingreso que se busca a través de las becas, las pensiones y el incremento en el salario mínimo. A ello se suma el tema de salud, dado que desde la desaparición del Seguro Popular el gasto en salud de las familias se incrementó y agravó en un contexto de desabasto de medicinas e insumos médicos hospitalarios.
Esta espiral de precios, que le pega “primero (a) los pobres”, viene a ser un encarecimiento de bienes y servicios públicos, constitucionalmente reconocidos como derechos de los mexicanos (educación, alimentación, salud), pero que no cuentan con un sustento de políticas y acciones públicas que favorezcan el acceso a ellos. La idea de las transferencias monetarias directas a la población, indispensable para algunas personas y familias, limita las finanzas públicas y no son suficientes para garantizar bienestar y una oferta de bienes y servicios públicos que acerquen al acceso y universalidad de los derechos mencionados.
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