Ni Hugo Chávez. Si pasa el dictamen conocido como plan B hasta el envío de estas líneas, para darle curso a la nueva iniciativa de reformas constitucionales de la presidenta, para treparse a las campañas electorales del año próximo y, además, darle rango constitucional a la desnaturalización radical de esa figura, podríamos estar ante un fraude monstruoso a la Constitución. Ni Hugo Chávez se atrevió a tanto. No, al menos, en la norma; sí, en los hechos, en una dirección similar a la ahora seguida por el régimen mexicano.
Renovación. De “un instrumento de participación 1) solicitado por la ciudadanía 2) para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, 3) a partir de la pérdida de la confianza” (Art. 135), el agregado propuesto acaba con estos principios centrales del proceso. Lo convierte en su contrario: un proceso de gloriosa renovación de un mandato, por cuestionado que se encuentre.
Más allá. La desnaturalización de este ejercitico parte de que, en los hechos, no lo solicita ‘la ciudadanía’. Lo han solicitado López Obrador y ahora la presidenta Sheinbaum, a la cabeza de la maquinaria electoral del régimen. Luego vienen -todo México lo ha visto- los ‘servidores de la nación’ a solicitar las firmas y a votar por la continuación del mandato. Pero en este, su segundo intento de reforma, la presidenta va más allá: se propone incorporar a la letra de la Constitución las desfiguraciones impuestas: “La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor”, como lo hizo AMLO y lo podría hacer Sheinbaum abiertamente, contra el 134 constitucional: “En ningún caso la propaganda (de la gestión pública) incluirá nombre, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Campaña inconstitucional a la vista.
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