La reciente iniciativa impulsada por Washington, conocida como el Escudo de las Américas —a la que, por cierto, no fuimos invitados—, nos ha arrojado a la cara una verdad incómoda que el Estado mexicano se resiste a aceptar: los cárteles han dejado de ser un simple problema de seguridad pública para convertirse en enemigos estratégicos bajo una lógica de guerra. Sin embargo, en este conflicto internacional no declarado, el frente de batalla más cruento no se limita a la contención de enclaves criminales. Nuestra tragedia es que enfrentamos una guerra en la que nuestros jóvenes, dolorosamente, son carne de cañón. El mayor desafío radica, por tanto, en la desmovilización de estos “combatientes internos”.
Durante el sexenio pasado, la política oficial apostó por la "atención de las causas", bajo la premisa de que las transferencias económicas incondicionadas bastarían para alejar a la juventud del crimen. Esta visión, propia de un estatismo puramente materialista, ha topado con la realidad. El dinero público puede aliviar una carencia económica, pero no puede sustituir los incentivos simbólicos que las organizaciones criminales ofrecen a los jóvenes desamparados: el sentido de pertenencia, el reconocimiento y el poder inmediato. Los cárteles operan hoy como maquinarias de reclutamiento permanente, devorando a individuos atomizados y carentes de arraigo. Para poner en perspectiva este drama: según el INEGI, cada año el crimen organizado recluta entre 35 mil y 45 mil menores de edad para halconeo y hasta sicariato.
Es aquí donde la visión humanista de la sociedad adquiere una urgencia vital. Desde esta perspectiva, la nación no es una mera suma de individuos aislados ni una masa de clientes dependientes del Estado, sino una rica red de comunidades cuyo núcleo innegociable es la familia. La familia es la primera red de cuidados, la escuela primaria del respeto y la responsabilidad, y el dique de contención más leal frente a la adversidad. Cuando el tejido comunitario se desgarra y la autoridad moral de la familia se debilita, el joven queda en la intemperie, volviéndose presa fácil para las organizaciones criminales que fungen como un perverso sustituto de esa comunidad perdida.
Romper el circuito del reclutamiento criminal exige mucho más que la dispersión de subsidios gubernamentales o el uso de la fuerza. Requiere una profunda reconstrucción del Estado y, sobre todo, del tejido comunitario. No se trata de romantizar a la comunidad desde la nostalgia, sino de asumir un hecho sociológico elemental y crudo: la criminalidad prospera no sólo allí donde el Estado ha fallado, sino también donde los vínculos sociales se han roto o debilitado.
Las comunidades sólidas, amparadas en redes familiares fuertes y proyectos colectivos, son el único antídoto real contra la seducción del dinero fácil y el poder efímero de los cárteles. Cuando una familia, una escuela y los vecinos participan activamente en la orientación de los planes de vida de un joven, el costo moral y social de ingresar a una organización criminal aumenta drásticamente.
Para enfrentar esta guerra no declarada y rescatar a nuestra juventud, debemos reconstruir las instituciones públicas y sociales. Las que preservan el orden y las que siembran propósitos vitales. Las que cuidan la dignidad con la ley y las que la expanden con valores que se aprenden en casa. El Estado que genera oportunidades para todos y la familia que inculca cómo emprenderlas.
