Un país es soberano no cuando habla más fuerte, sino cuando su Estado gobierna mejor que cualquier rival dentro de sus fronteras. La soberanía no se mide por el volumen de la retórica ni por el énfasis con que se rechaza la presión externa, sino por algo más simple y más exigente: la capacidad real de mandar en casa.
Desde esta perspectiva, la pregunta clave no es si un gobierno invoca la soberanía, sino si puede ejercerla. ¿Puede recaudar impuestos con eficacia? ¿Hacer cumplir la ley y los contratos? ¿Proteger la vida y la propiedad? ¿Mantener carreteras, puertos, aduanas y municipios bajo autoridad pública? ¿Proveer seguridad, justicia, salud, educación e infraestructura con la consistencia suficiente para moldear la trayectoria económica del país? Cuando estas funciones fallan, la soberanía existe en el derecho, pero solo de manera incompleta en la práctica.
Por eso la soberanía debe entenderse menos como consigna política y más como capacidad de hacer y concretar del Estado. En economía, rara vez aparece con ese nombre. Se discute bajo otros conceptos —capacidad fiscal, cumplimiento de la ley, monopolio de la coerción, competencia administrativa, autonomía de decisión—, pero la lógica es la misma: un Estado soberano es aquel que gobierna mejor que cualquier autoridad rival en su territorio. Dicho de otro modo, la soberanía también se mide en costos, incentivos y productividad.
Desde este marco, el problema de México se vuelve claro. Cuando las organizaciones criminales extorsionan negocios, controlan corredores de transporte, capturan gobiernos locales, reclutan jóvenes y deciden quién puede circular libremente, el problema no es solo de inseguridad. Es una distorsión económica de primer orden. El poder criminal se convierte en una autoridad tributaria rival, en un regulador rival y, en algunos lugares, en un empleador rival. Allí donde los comercios pagan “derecho de piso” o los transportistas operan bajo amenaza, el Estado deja de organizar plenamente la vida económica. La soberanía efectiva ha sido vulnerada.
Esa erosión de la capacidad del Estado tiene consecuencias profundas. La inversión se vuelve más cautelosa, los costos de transacción aumentan, la informalidad se expande, la logística pierde confiabilidad, el crédito se encarece, los ingresos públicos se debilitan y la productividad resiente el golpe. En conjunto, la debilidad de la soberanía no es solo un problema político o de seguridad: es un lastre estructural para el crecimiento económico.
Desde esta óptica debería evaluarse la retórica soberanista de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tiene razón en un punto fundamental: ningún país serio debería aceptar una intervención militar extranjera como sustituto de su propia autoridad. Pero la soberanía no se defiende únicamente rechazando presiones externas. Se defiende demostrando capacidad interna. Este dilema no es exclusivo de una administración, pero hoy se expresa con particular claridad.
La mejor respuesta a Donald Trump habría sido no solo diplomática, sino también económica. La cooperación que fortalece capacidades internas no equivale a subordinación. Compartir inteligencia, coordinar acciones fronterizas y actuar conjuntamente contra el tráfico ilícito puede reforzar la soberanía, siempre que el mando siga siendo nacional. La cooperación es una herramienta de Estados fuertes; la dependencia, de Estados débiles. Un Estado capaz coopera desde una posición de control, no de fragilidad.
Esa es la verdadera prueba. La soberanía no se acredita diciendo “no” con mayor énfasis. Se acredita cuando el Estado recauda con eficacia, vigila con credibilidad, juzga con imparcialidad y gobierna con la consistencia necesaria para que ningún actor privado violento rivalice con su autoridad.
México no recuperará soberanía con retórica. La recuperará con capacidad de Estado.
La soberanía no se proclama: se administra.
Al margen
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