Las últimas semanas, la presión entre Washington y Palacio Nacional superó cualquier precedente histórico. Esto, aunado a la volatilidad internacional, ha hecho que en varios medios se presenten escenarios de intervención bélica dentro del territorio nacional.
Para entender el riesgo, basta mirar el tablero con método. Por eso, armé una matriz de análisis con criterios de lógica estratégica militar. Incluí en las variables el objetivo político real, los medios disponibles, los centros de gravedad, los costos, el tiempo, la probabilidad escalada y las condiciones de salida. Cuando se cruzan con lo ocurrido en las últimas semanas, la hipótesis más plausible no es una invasión clásica de Estados Unidos en territorio mexicano, sino una coerción escalonada: más gradual que espectacular, más justificable en el discurso que sostenible en el tiempo, más útil para presionar que para estabilizar.
Dicho de manera simple, una coerción escalonada es una estrategia de presión progresiva en la que un Estado aumenta gradualmente el uso de instrumentos políticos, económicos, jurídicos y militares para obligar a otro a modificar su conducta sin recurrir, al menos inicialmente, a una invasión directa. Es más peligrosa que una invasión clásica porque normaliza la intervención paso a paso y desdibuja la frontera entre cooperación y presión.
Los indicios están a la vista. Trump lanzó el Escudo de las Américas como coalición hemisférica contra los cárteles. Las agencias periodísticas informaron que una fuerza interagencial estadounidense ya aportó inteligencia en la operación mexicana contra El Mencho. AP, por ejemplo, documentó precedentes recientes de uso letal contra presuntos narcoterroristas en la región. Todo eso dibuja una secuencia: inteligencia, presión diplomática, lenguaje de guerra, cobertura regional y exigencia creciente de resultados para México.
Ese giro no puede leerse sólo en clave bilateral porque coincide con una recomposición geopolítica más amplia. La guerra con Irán endureció la mentalidad estratégica de Washington. Al mismo tiempo, las conversaciones reconocidas por Díaz-Canel muestran que la Casa Blanca está combinando amenaza, asfixia económica y negociación.
Posicionar a México como epicentro del narcotráfico internacional ayuda a normalizar presiones extraordinarias, ensanchar la elasticidad legal del Ejecutivo estadounidense y desplazar la discusión sobre armas, consumo y lavado.
Para la población común, eso significa aumento de la inseguridad interna, más nerviosismo económico, más rumores y más exposición civil. Las guerras que se anuncian como quirúrgicas rara vez lo son. Inician como doctrina y suelen terminar como intemperie cotidiana.
Además, en un país atravesado por cadenas productivas binacionales, ciudades fronterizas interdependientes y millones de familias con vínculos a ambos lados, incluso una escalada limitada tendría efectos desproporcionados. La coerción no necesita tanques para alterar, de fondo, una vida ordinaria en todo el territorio nacional. Bastan intrusiones, sometimiento y desgaste de la ya pobre imagen internacional de nuestro país.
Quedan dos preguntas. ¿Cómo llegamos aquí? Y ¿qué hacer? Primero, esta situación es la consecuencia directa de la política de “abrazos no balazos” -entre otras- del sexenio anterior. Estamos viendo las consecuencias directas de la colusión entre algunos actores políticos y el crimen organizado. El Estado mexicano, es muy claro, no controla ya una parte del territorio.
Segundo, en este escenario, la presidenta es la responsable principal de enfrentar y sacar al país adelante y con dignidad. Ello implica dejar de pensar en su partido, en su movimiento y en su líder. Ello le permitiría -con amplio respaldo- enfrentar realmente el problema del narco, entregar a sus principales beneficiarios y, lo más importante, evitar exponer a los ciudadanos a, todavía, más violencia e incertidumbre.
