La exigencia de verdad, justicia y reparación por la desaparición de los 43 normalistas es legítima y perentoria. Pero la urgencia no autoriza atajos institucionales ni resoluciones jurisdiccionales que fragmenten la investigación, debiliten la persecución penal o revictimicen a las familias. La sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito —que impulsó la idea de una comisión indagatoria y motivó reposiciones con liberaciones controvertidas— evidenció fallas de diseño jurídico y de valoración probatoria que requieren correcciones técnicas y procesales, no …