El sur de México —particularmente los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca y Tabasco— ha mostrado históricamente niveles de crecimiento y desarrollo económico inferiores al promedio nacional. Esta brecha regional responde a una combinación de factores estructurales, entre los que destacan limitaciones persistentes de infraestructura, una menor integración con los mercados internacionales, debilidad institucional y rezagos sociales profundamente arraigados.
Bajo esta narrativa, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dedicó buena parte de su carrera política —primero como candidato y posteriormente desde la Presidencia— a subrayar que el sur del país había sido históricamente marginado por administraciones anteriores. Su gobierno se propuso revertir esa situación mediante un ambicioso programa de inversión pública en infraestructura. De esa apuesta surgieron proyectos emblemáticos como la Refinería Olmeca Dos Bocas y el controvertido Tren Maya.
Han transcurrido ya varios años desde el inicio de esa estrategia y es posible comenzar a evaluar sus resultados. Hace unos días el Banco de México publicó su Reporte sobre las Economías Regionales correspondiente al cuarto trimestre de 2025, en el que divide al país en cuatro grandes zonas económicas: Norte, Centro Norte, Centro y Sur. Entre 2021 y 2023, la región sur registró un crecimiento acumulado cercano a 15%, frente a aproximadamente 6% en el resto del país. La derrama económica derivada de esos dos grandes proyectos —que, según estimaciones independientes, habrían costado entre 20 y 25 mil millones de dólares cada uno, dado que no existe una cifra oficial consolidada— impulsó temporalmente la actividad económica regional a través del gasto público. Se trató, sin duda, de un fenómeno poco común en la historia reciente del desarrollo regional en México.
Sin embargo, una vez concluidas las principales obras, la actividad económica del sur comenzó a mostrar señales de agotamiento que hoy son muy evidentes. Con los datos al cuarto trimestre de 2025, la región acumula siete trimestres consecutivos de contracción y dos años de retroceso económico. En el balance de los últimos siete años, el crecimiento del sur -a pesar de la retórica oficial- terminó siendo prácticamente igual al promedio nacional, a pesar del volumen extraordinario de inversión pública destinado a la región.
La conclusión es relativamente clara: la construcción de grandes proyectos de infraestructura —como se señaló desde el inicio— difícilmente resuelve por sí sola los problemas estructurales del desarrollo. Estos son mucho más complejos que la generación de un estímulo temporal por el lado de la demanda agregada. Más aún, la rentabilidad social y económica de las enormes inversiones realizadas es, cuando menos, debatible. La rentabilidad política, en cambio, parece mucho más evidente.
En la medida en que los principales problemas estructurales del sur —entre ellos su limitada integración con las cadenas de valor nacionales e internacionales, los bajos niveles de capital humano, la insuficiente infraestructura logística y los elevados niveles de informalidad laboral— permanecen prácticamente intactos, surge ahora una pregunta inevitable: una vez concluidos los grandes proyectos de infraestructura, ¿cuáles serán las nuevas fuentes de crecimiento para la región?
