Hablar de reforma electoral puede sonar técnico. No lo es. Se trata de a quién darle voz en las decisiones que afectan la vida de las personas. Por eso merece discutirse con rigor, sin consignas y que sea entendible.
Conozco el Congreso desde dentro. Fui diputado federal de representación proporcional y, desde esa experiencia, puedo afirmar que una reforma seria no se construye con simplismos ni con la descalificación automática a los "plurinominales". En esos años comprobé que esos legisladores pluris fueron antes que nada la única voz de minorías que de otro modo habrían quedado excluidas del debate nacional, pero también los que aportaron experiencia técnica y talento parlamentario que complementó la labor legislativa de los diputados de distrito.
Pero antes de hablar de contenido, hay que hablar de momento. México no vive una coyuntura ordinaria. En 2026 se revisa el T‑MEC, con frentes abiertos en reglas de origen del sector automotriz y en el capítulo laboral, que ya derivó en paneles internacionales contra el país. Al mismo tiempo, la inseguridad sigue siendo la principal preocupación ciudadana y el mayor freno específico al crecimiento económico. En ese contexto, la pregunta obligada es: ¿de verdad una reforma político‑electoral de gran calado es hoy la prioridad nacional? Una reforma constitucional controvertida o planes B y C con el aval de una Suprema Corte de Justicia a modo, envía la señal más inconveniente posible en plena revisión del T‑MEC: la de un país que distrae su energía política cuando el mundo exige certeza institucional.
Si aun así se decide avanzar, lo primero y mínimo exigible es evaluar cualquier propuesta con objetividad y con un criterio superior: preservar la representación de la diversidad real del electorado. En la mayoría relativa, quien gana un distrito se lleva todo, incluso por un margen mínimo, y muchos votos no se traducen en curules. Para eso existe la representación proporcional: dar voz legislativa a minorías y corrientes con respaldo ciudadano. Premiar segundos lugares y convertirlos en plurinominales desvirtúa su sentido, pues amplía territorios de candidaturas derrotadas, no corrige la subrepresentación. Debilitar la representación proporcional reduce el pluralismo requerido.
El segundo criterio es el dinero en la política: cerrar el paso al financiamiento ilegal, fortalecer la fiscalización y dar trazabilidad a los recursos. Pero endurecer reglas sirve de poco sin instituciones fuertes que las apliquen.
El tercero es la democracia interna de los partidos. Si el problema son las cúpulas cerradas, la solución no es debilitar la representación proporcional, sino obligar a los partidos a abrir sus procesos mediante elecciones primarias transparentes, auditables y competitivas, como ocurre en democracias consolidadas.
El cuarto es fortalecer los espacios de análisis, diagnóstico, debate y formulación de programas y plataformas electorales serias para que la competencia política sea de mejores propuestas y no de descalificación e insultos.
El quinto es mantener la organización ciudadana de las elecciones. Debilitarla en nombre de la austeridad sería otro error histórico. La democracia cuesta; la desconfianza cuesta mucho más.
El sexto y definitivo: que el voto cuente bien y la contienda sea equitativa. Si una reforma falla ahí, falla en todo.
México necesita mejorar su sistema político, pero este no es el momento ni la reforma adecuada. Sustituir un sistema político y electoral construido por consensos amplios por uno que divide al país es una garantía de inestabilidad para México. Impulsarla hoy, sin rigor técnico ni acuerdos, es imprudencia de Estado.
Al margen
En Estados Unidos, el presidente rinde personalmente honor a quienes murieron cumpliendo su deber militar; en México, lamentablemente, no fue así. Se anticipan semanas de alta volatilidad: los mercados aún no perciben una estrategia clara ni una salida al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
