Culiacán, Sin.- Reza el viejo refrán popular que advierte que, cuando alguien ha sido informado con claridad de las consecuencias de sus actos, después no puede alegar sorpresa ni ignorancia.
En otras palabras: estás advertido.
Desde el inicio de su segundo periodo como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha sido reiterativo en un punto: su gobierno está dispuesto a utilizar todos los instrumentos a su alcance para combatir a los cárteles del narcotráfico que operan en México.
La advertencia volvió a aparecer con claridad el pasado 8 de marzo, cuando anunció la creación de una alianza de 17 países destinada —según sus propias palabras— a “destruir” a los cárteles mediante el uso de fuerza militar.
“En el centro del acuerdo está el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros cárteles y redes terroristas. De una vez por todas vamos a acabar con ellos”, declaró durante una reunión con líderes latinoamericanos.
Podemos estar de acuerdo o no con sus métodos. De hecho, es difícil no cuestionar el estilo del personaje: su retórica agresiva, muchas veces misógina, discriminatoria y profundamente confrontativa, que suele convertir los problemas complejos en consignas simplistas.
Pero más allá del personaje y de sus excesos verbales, hay un hecho que no puede ignorarse: Trump ha sido consistente en su advertencia.
En esta ocasión presentó lo que denominó el “Escudo de las Américas”, una iniciativa que pretende coordinar esfuerzos regionales contra el crimen organizado. Sin embargo, el formato y la puesta en escena dejan más dudas que certezas.
Se trató de una reunión realizada en el campo de golf Doral, propiedad del propio Trump, en Florida, lo que de entrada resta institucionalidad a un tema que debería abordarse con la mayor seriedad diplomática.
Además, los países participantes —apenas 12 líderes latinoamericanos presentes— representan alrededor de 30% del producto interno bruto de la región. Algunos de ellos, como Guyana, República Dominicana o Trinidad y Tobago, tienen capacidades militares limitadas para enfrentar organizaciones criminales trasnacionales.
Pero el verdadero problema no está ahí.
El punto central es la peligrosa simplificación de un fenómeno extraordinariamente complejo. Pretender desmantelar redes criminales profundamente arraigadas únicamente mediante el uso de la fuerza militar ignora factores fundamentales: desigualdad, debilidad institucional, corrupción, mercados ilegales globales, colusión de algunos políticos y gobernantes con el crimen organizado y una demanda persistente de drogas en Estados Unidos.
La historia demuestra que ninguna guerra contra el narcotráfico se ha ganado exclusivamente con balas.
Sin embargo, descalificar la propuesta de Trump como simple retórica sería un error estratégico.
Si algo caracteriza al presidente estadounidense es su disposición a actuar unilateralmente cuando considera que los intereses de su país están en juego. Y el argumento que ha construido es claro: si México no controla a los cárteles, Estados Unidos tendrá que hacerlo.
En ese contexto, la inacción o la falta de una estrategia bilateral creíble termina por convertirse en el mejor pretexto para justificar medidas más agresivas.
La llamada “cabeza fría” que ha dominado el discurso oficial mexicano difícilmente bastará frente a una presión política que, tarde o temprano, podría traducirse en acciones concretas.
El intercambio de culpas tampoco ayuda. Frenar el tráfico de armas, por ejemplo, es una responsabilidad compartida, pero también recae en nuestras propias autoridades aduanales y de seguridad, hoy en poder de la Marina y la Defensa.
Tal vez ha llegado el momento de abandonar la retórica y entrar en una lógica más pragmática de cooperación real entre ambos países.
Porque en política internacional los avisos reiterados rara vez son casualidad.
Y, como dice el refrán:
¡Sobre advertencia, no hay engaño!
